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Se les culpa de ser responsables de una infracción contra la posesión intelectual, en su característica de piratería cinematográfica. Menos de 24 horas después de que la denominada ‘ley Sinde’, que pronosticaba el cierre de páginas web de descarga de archivos, haya sido impugnada en el Congreso, la Policía ha señalado la reciente parada de dos dueños de webs de descargas de estrenos cinematográficos como supuestos responsables de un delito contra la posesión intelectual, en su peculiaridad de piratería cinematográfica.

La Policía rotula que los estancados regían los “principales grupos de screeners” de Andalucía y la Comunidad Valenciana, personas encomendadas de grabar en cines los últimos estrenos. Las grabaciones eran acopladas y subidas a un total de seis sitios web en asunto de horas tras su visión en las salas comerciales.

En un aviso propagado a los medios, la Policía Nacional afirma que durante 2010 los delincuentes habrían copiado y propagado más de 100 películas que se habrían descargado en 2.500.000 de ocasiones, “lo que les habría conseguido importantes favores a través de publicidad”. Han sido derribados cuatro “laboratorios audiovisuales” situados en Sevilla y Valencia.

Estos recintos estaban concedidos de todo tipo de medios técnicos audiovisuales e informáticos para acoplar y concordar el audio y el vídeo de los estrenos. Las obras cinematográficas eran registradas en salas de cine de la Comunidad Valenciana y Andalucía. Para ello, los delincuentes asistían a los cines en horarios de baja audiencia dotados de cámaras de vídeo de alta definición, con los soportes convenientes para fijarlas y lograr imágenes estáticas, o bien de grabadoras de audio también en alta definición.

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